En un comunicado, Acotur solicitó al Ayuntamiento de Calviá que promueva y realice “todo cuanto esté en su mano” para evitar el traslado del Casino y, en esta línea, se comprometió a dar todo el apoyo al alcalde de esta localidad, Carlos Delgado, para buscar “distintas vías y alternativas a tal medida”, al entender que este municipio “ofrece distintas zonas con suficiente interés y glamour para albergar el recinto de juego”.

Por otro lado, la citada asociación consideró que los motivos que han llevado a tomar la decisión de trasladar el Casino son económicos, puesto que la empresa que explota esta instalación “presuntamente necesita una inyección económica o bien un socio con un gran capital, siendo ésta la solución más razonable”.

Finalmente, Acotur estimó que “no es adecuado” trasladar el casino al Centro Comercial Porto Pí, debido a que al ser “más accesible al público vulnerable, como las amas de casa”, se puede producir un “posible fomento de enfermedades relacionadas con el juego, así como problemas de aparcamiento y problemas relacionados con el ruido”.

Precisamente, la opinión contraria de esta entidad se une a la de las Asociaciones del Juego en Baleares, Acomam, Asba, Aesbi y Sareiba, que el pasado viernes presentaron ante la Dirección General de Interior un recurso potestativo de reposición en contra de su resolución dictada el pasado 23 de diciembre de 2009, que autorizaba el traslado del Casino de Mallorca a Palma.

PARALIZACIÓN DEL PROYECTO

Así, estas asociaciones, que representan a los salones del juego, los bingos y las máquinas recreativas instaladas en bares y restaurantes, defienden la paralización del traslado hasta que el Parlament apruebe una ley autonómica reguladora del juego, mientras que, por otro lado, critican que no se ha convocado un concurso público para la gestión del casino en Porto Pí.

El adjunto a la presidencia de la Asociación de Empresarios de Salones Recreativos de Baleares (Sareiba), Miquel Àngel Riera, ya ha advertido de que las arcas de Baleares dejarán de ingresar más de 21 millones de euros tributados por las salas de juego, los bingos y las máquinas recreativas instaladas en bares y restaurantes, en caso de que se traslade el casino

Riera recuerda que los citados sectores del juego recaudan anualmente el 90 por ciento de los impuestos que paga el juego privado en Baleares (53 millones de euros), por lo que si se traslada el Casino de Calvià a Palma, “esta aportación a las arcas de la Comunidad Autónoma se limitará a entre 32 y 35 millones de euros”.

Asimismo, señala que esta decisión puede suponer la pérdida de entre 400 y 500 empleos de los 2.000 existentes en el sector del juego, al tiempo que también podría provocar el cierre de la mitad de los siete bingos existentes en Palma y de 20 o 25 salones recreativos de los 60 actualmente operativos en la capital balear.

Por otra parte, censura que la resolución que autoriza el traslado se aprobó sin tener en cuenta los informes preceptivos que solicitó a la Conselleria de Turismo y que revelan que “no existe necesidad turística de trasladar esta infraestructura”.

Así, considera que este elemento puede ser “decisivo” para que el director general de Interior, Sebastià Amengual, “reconsidere” la citada resolución, teniendo en cuenta que el Casino de Mallorca “aún no ha gastado un euro” para llevar a cabo el traslado a Porto Pí, “donde podría comenzar a funcionar en 2011, tras obtener los permisos municipales y resolverse los recursos judiciales”.

Por su parte, la Conselleria de Interior defiende el traslado, ya que contó con los “informes técnicos y jurídicos favorables”, si bien se ha comprometido a estudiar el citado recurso. Por otro lado, las asociaciones del juego tienen un plazo de dos meses a contar desde el pronunciamiento de la Conselleria de Interior del recurso de reposición para presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.